El éxito resonante de la Selección española de fútbol y el fervor patriótico que recorre España de punta a cabo, convertido, espontáneamente, en una manifestación política de primera magnitud, ha puesto en evidencia un hecho palmario y una necesidad imperiosa.
Lo que en una situación de libertad y democracia verdaderas sería simplemente una sana y espontánea expresión de la alegría de vivir en comunidad, ha adquirido, de pronto, la categoría de un hecho político que apunta a la necesidad de crear una figura política en que se puedan mirar y reflejar limpiamente los ciudadanos.
El hecho palmario a que me refería es la ausencia de una Institución política en España que simbolice eficazmente a la Nación. La necesidad a la que he aludido es la inaplazable de fundar tal Institución.
El Régimen antidemocrático de los partidos políticos en el Estado, que sufrimos desde la Transición, y que quedó consagrado por escrito en la Constitución de 1978 puede resumirse en dos aspectos fundamentales.
I. La Monarquía no puede garantizar, ni siquiera, la unidad de España, toda vez que la libertad política ha sido secuestrada por los partidos, dueños de todo el aparato del Estado.
II. Los partidos políticos, al repartirse el Estado según la proporción de votos obtenidos en las elecciones por el antidemocrático sistema proporcional de listas de partido, actúan como entes troceadores, antiestatales y antiespañoles, operando como fraudulentas agencias de colocación en los tres niveles del Estado: central, autonómico y municipal.
La degeneración es inevitable en la Monarquía de partidos, tal como sucede siempre en los regímenes oligárquicos. La corrupción política como forma de Gobierno y la económica, consecuencia directa e inevitable de aquella, han llevado al Estado a una situación insostenible, haciéndolo inviable. Y a la sociedad civil la han colocado en un estado, ora de desesperada resignación, ora de exasperación prerrevolucionaria.
La única salida al presente estado de cosas es la sustitución del actual sistema oligárquico por otro verdaderamente democrático donde exista libertad política. Esto permitirá eligir realmente a los representantes de la Nación en elecciones separadas, legislativas o de distrito y presidenciales o nacionales.
La imprescindible independencia del poder judicial en una democracia permitirá limitar el poder de los legisladores y del Gobierno. Así como la división del poder allí donde se encuentre. Estos serán los principios que puedan sacar a España del marasmo en que la ha sumido la liberticida, tiránica, antiliberal y antidemocrática intervención de los partidos políticos.
